(Columna publicada en Diario El Cronista Comercial) El pasado reciente se empeña en ocultar el mejor momento del gobierno nacional desde que Mauricio Macri asumió hace casi dos años. Son tantas y tan espectaculares las cosas que están sucediendo en el patio trasero del kirchnerimo que terminan opacando al acuerdo con los gobernadores, la recuperación de parte del fondo del conurbano por iniciativa de María Eugenia Vidal y la reforma fiscal que aspira a organizar el desquicio impositivo que viene imperando en la Argentina desde 1983 hasta la fecha.
Alejandro Burzaco y Alejandro Vandenbroele prendieron dos ventiladores. Uno es enorme, ya produjo un muerto, Jorge Delhon, y amenaza con llevarse puestas a figuras rutilantes como Aníbal Fernández y Carlos Zannini, entre otros. ¿Hasta dónde llegará el exCEO de Torneos y Competencias? Burzaco ya no debe declarar más, si no se lo pide la jueza Pamela Chen. El aspira a quedar en libertad a mediados del año que viene. De hecho, puede deambular por Manhattan sin alejarse del tribunal donde presta declaración. Pero no tiene tobillera ni arresto domiciliario. Eso sí: si miente podría ser enviado a prisión, con una pena máxima de 60 años.
Graciela Ocaña le acaba de pedir a la jueza María Servini de Cubría que lo llame a declarar ante la justicia argentina, a través de una teleconferencia o vía Skype. Ella cree que Burzaco no dice todo lo que sabe sino solo lo que le sirve para mantenerse fuera de la prisión. Sin embargo, los abogados del exCEO de Torneos y Competencia rechazarán la solicitud. Y además le pedirán a la justicia norteamericana que no preste atención a la demanda. Ocaña también solicitó que se inhiban los bienes de la familia Grondona, porque los considera mal habidos. Burzaco sueña con regresar a la Argentina, pero a la vez tiene miedo de que lo maten. No tomó a la ligera la advertencia de Humberto Grondona, hijo de Don Julio, cuando sugirió que el arrepentido argentino en los Estados Unidos no podría pisar Sudamérica, donde residen los capos de la Conmebol. Tampoco tomó en broma la amenaza gestual de cortarle el cuello que le propinó Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, la semana pasada, durante el segundo día de su declaración ante la justicia norteamericana. Burzaco sabe que acaba de romper un código mafioso para salvar su pellejo, y teme que, tarde o temprano vayan por él.
Lo mismo, aunque dentro del contexto de la política, le reclaman Aníbal Fernández y Guillermo Moreno a la expresidenta Cristina Fernández. Le piden que no sea ingrata y que no deje solos a los caídos en desgracia. Una vez que se pasan en limpio los adjetivos y epítetos, está claro que Fernández, Moreno y muchos de los dirigentes que asistieron a Ezeiza y Marcos Paz a solidarizarse con la complicada situación personal que mantienen Amado Boudou o Julio De Vido, le reclaman a Cristina que salga a bancar a la tropa. Es curioso. Ninguno habla de inocencia. Solo aluden a una supuesta persecución política. Aníbal es el más punzante: nombró a Zannini y a Cristina, porque se da cuenta que, por una cosa o por otra, ambos mantendrán su libertad ambulatoria, por lo menos durante los próximos días. Zannini, piensa Fernández, porque se encargó de no dejar ninguna huella. Y la expresidenta, analiza el exjefe de gabinete, porque a Cambiemos le conviene mantenerla en libertad.
La desbandada del ala presuntamente corrupta de los K no se detiene. Porque la exjefa de Estado también le endilga a Zannini haber arreglado los papeles para salvarse solo. Por otra parte, es verdad que el gobierno prefiere a una Cristina continuamente en jaque, a otra presa y en el rol de víctima y perseguida.
Macri, por otra parte, parece en su mejor momento. Aunque el aterrizaje forzoso del helicóptero presidencial en un campo de Chapadmalal le pudo haber servido, para recordar, una vez más, que es mortal. Es su mejor momento personal, porque Varderbroele ya mencionó como uno de los financistas de la exCiccone, al banquero Jorge Brito, uno de sus adversarios en el mundo empresario. Brito acaba de pedir licencia para no afectar a la entidad que preside, el Banco Macro, y defenderse ante lo que considera una falsa acusación.
Pero también se trata del mejor momento político del Presidente porque acaba de imponer algo más simbólico e importante que las consecuencias reales de las reformas. El convencer a los gobernadores que la Argentina no puede seguir manteniendo este déficit fiscal ni semejante nivel endeudamiento. "Si seguimos así, sus provincias van a explotar primero que el gobierno nacional, y sus votantes los van a señalar con el dedo" les dijo Macri, palabra más, palabra menos a cada uno de los mandatarios provinciales.
Los gobernadores de la oposición aceptaron a regañadientes. Incluso, los más estratégicos, comprendieron que este acuerdo, además de histórico, les quita a ellos la herramienta más directa para conseguir dinero y votos, que es el impuesto a los ingresos brutos. Y concluyeron que, a la vez, coloca a Macri, María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta en el mejor de los mundos, con un posicionamiento inmejorable para ser reelectos y un futuro promisorio, si antes no se produce ninguna crisis internacional como el Tequila.
Un gobernador no peronista que está por terminar su mandato le dijo a un colega peronista que ya va por el segundo: "no te preocupes, Mauricio María Eugenia y Horacio se van a terminar peleando entre ellos". Y el peronista, a quien le atribuyen demasiada cercanía a Cambiemos, lo corrigió: "No te equivoques. Mauricio y Vidal sellaron un pacto indestructible. En 2019 los dos van a ir por su propia reelección, igual que Horacio. El problema, si se produce, va a suceder recién en 2023, cuando Macri haya agotado la posibilidad de ser reelecto".
En la Argentina, donde cada cinco minutos hay una noticia que puede cambiarlo todo, hablar de un plazo de años parece más que aventurado, irresponsable. Solo basta con recordar que está pasando ahora mismo: la inflación no termina de retroceder, un par de ministros de Macri parecen jaqueados por las revelaciones de los Paradise Papers y todavía falta llegar a fin de año, cuando grupos de agitadores aprovechan el legítimo reclamo de organizaciones sociales con el objetivo de desestabilizar el al gobierno y generar caos social.