Si los principales funcionarios no admiten intercambios con la prensa, es cierto que no se puede preguntar. Podríamos suponer que en épocas 2.0 los ciudadanos podrían dirigirse directamente a esos representantes que dicen que prefieren una comunicación directa con su pueblo. Pero eso requeriría un gobierno tan abierto como para recibir todas las consultas y contestarlas en tiempos razonables. Lo que es improbable en Argentina, donde las administraciones ni siquiera habilitan un espacio de comentarios en sus páginas web, o bloquean en las redes a los ciudadanos que hacen una manifestación distinta a la obsecuencia. Pero suponiendo que mañana decidieran hacerlo, posiblemente un ciudadano corriente solo preguntaría por su inquietud personal, o no tendría conocimiento suficiente del tema como para formular preguntas en nombre de todos. ¿Cómo resolver las dudas que nos atañen colectivamente?

¿#podemospreguntar?

La solución que han encontrado las democracias es discutir públicamente los temas que son de interés común con aquellos que son profesionales de las noticias. Para eso los funcionarios o sus voceros conceden periódicamente encuentros donde varios periodistas de todos los medios que quieran asistir formulan sus preguntas. En 2011 Dilma Rousseff brindó casi cincuenta conferencias colectivas y poco más de una docena de entrevistas exclusivas. En los primeros cuatro meses de 2012 realizó 16 conferencias de prensa y solo una entrevista personal, priorizando en todos los casos los medios de su país porque ahí están los ciudadanos a los que esa información debe llegar. Los mismos ciudadanos que votan cada cuatro años a esos funcionarios suelen elegir todos los días los medios para enterarse de estos temas generales. Esa capacidad de elección es justamente lo que le honra la democracia, que considera que todos son iguales para hacerlo en libertad.

En estas democracias ideales, los funcionarios respetan su mandato constitucional de hacer públicos los actos de gobierno (que nada tiene que ver con la propaganda estatal) y los periodistas, el derecho de la información, tan constitucional como el otro. En ambos casos, se trata de los derechos de todos los ciudadanos a tener la mejor información posible de la manera más accesible. Tener los miles de cables de Wikileaks no es información hasta que alguien con capacidad para hacerlo lo procesa y lo presenta a la sociedad. Porque aun suponiendo que sí, que  #podemospreguntar, ¿estamos seguros de que sabríamos hacerlo?

Desde que los funcionarios dejaron de dar conferencias, hubo dos promociones enteras de estudiantes de periodismo que se recibieron. ¿Qué le pasa a una profesión que lleva una década acostumbrada a entrecomillar discursos o dialogar solo con políticos que se escudan en el anonimato? ¿Está preparado el periodismo para preguntar en nombre de los ciudadanos? ¿Sabe hacerlo en espacios colectivos, donde más que el lucimiento individual importa obtener una información que sin las mejores preguntas de muchos no se hubiera obtenido?

Una década de un sistema de oferta informativa decidida desde el poder  tiene consecuencias en la demanda. Una no menor es que ante el mismo panorama los periodistas argentinos no pueden oponer más que declaraciones. Ante circunstancias similares, los colectivos de prensa de España decidieron llevar a la práctica pequeñas acciones que de inmediato permitieran mejorar la calidad de la noticia. Uno de los puntos de #sinpreguntasnocobertura es que no van a llamar “conferencia de prensa” a los anuncios donde se convoca a los periodistas como meros repetidores. Incluso algunos medios han autorizado a sus trabajadores a retirarse de una convocatoria donde no puedan preguntar. Total, para difundir sus propios videos y declaraciones, los gobiernos tienen sus canales para publicar sus propios discursos. Un periodista debería esperar para sí algo más que las comillas nuestras de cada día.

¿#sabemospreguntar?

Suponer que podemos pasar de los monólogos a los diálogos sin transición es un síntoma de que hemos naturalizado prácticas que poco tienen que ver con la calidad de la información.

Los funcionarios están comprobando en carne propia que millones de propaganda no alcanzan para compensar la falta de una sola explicación en el momento justo (y tenemos muy cerca aún la tragedia de los trenes en Once para saber que eso es así). Mientras nuestros representantes repasan la Declaración Universal de Derechos Humanos y se enteran del derecho ciudadano a la información, los periodistas tienen bastante para hacer. Tienen que recordar que la información es de todos, que se enriquece cuando es colectiva y son muchos ojos mirando las cosas que nos importan a todos. Las exclusivas y los vedetismos están reñidos con la información pública.

Hace un tiempo me sumé a “Preguntar al poder”, un grupo que organizaba encuentros para que periodistas pudieran entrenar el músculo de la pregunta y los funcionarios experimentaran una conferencia como espacio de mutuo respeto que enriquece el diálogo. De paso, servía para que estudiantes comprobaran que un anuncio en un atril no era una rueda de prensa.

En cinco años de experiencia los que más objeciones pusieron fueron los periodistas. Dicen que no tienen tiempo más que para correr atrás de la agenda (que marcan los funcionarios que no dan explicaciones); que irían si la conferencia la diera Amado Boudou; que mejor si los pudieran entrevistar por su cuenta; que si no hay primicia, a su editor no le interesa; que está buenísima la idea de organizar conferencias abiertas pero... Excusas todas entendibles. Excusas que hablan de por dónde anda hoy la profesión periodística mucho más que cualquier declaración colectiva. Excusas para seguir intentándolo.

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