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Las constantes marchas y manifestaciones de protesta en la vía pública en las últimas semanas han generado grandes dificultades para la circulación en la ciudad. Por esa razón, muchos se preguntan: ¿es posible generar mecanismos para que la protesta social no dificulte la libre circulación de la comunidad? ¿es posible plantear límites y caminos de contención sin poner en peligro la integridad física de los que reclaman? Preguntas de difícil respuesta y sobre las que los funcionarios aún no han logrado definiciones claras. Para intentar responder a esos interrogantes, el equipo de Majul910 dialogó con Diego Gorgal, especialista en seguridad, investigador de la temática y ex funcionario del área en el gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires.

Los peligros del uso de la fuerza

Gorgal explicó en primer lugar que el estado argentino tiene una asignatura pendiente sobre el punto, aunque también reconoció que "el uso de la fuerza para reestablecer el orden implica el uso de la fuerza", con los peligros que eso conlleva: "ya que no somos todos personas razonables que ante una indicación, nos avenimos a la misma. No es así: en algunas situaciones se requiere de la coacción para poder reestablecer un orden. Y ante esa situación; uno sabe cómo empieza pero no cómo termina. Lo que no quiere decir que haya un muerto latente ante cada caso"

Legislar sobre el derecho a la protesta

Al margen de esas apreciaciones, el especialista sostuvo que es necesario "replantear las políticas respecto a la protesta social". Porque según opinó, los doce años de kirchnerismo generaron una situación por la que "la discusión en la calle se convirtió en un instrumento para conseguir beneficios. Y frente a eso, hay que romper la inercia con una política"

Gorgal analizó posibles caminos a seguir y en ese sentido remarcó: "Se debe establecer una legislación especial que regule el derecho a la protesta social, que es un derecho constitucional. Para que se establezcan reglas y para limitar el daño a terceros. Porque en nuestro sistema no hay derechos absolutos. Todos son relativos al ejercicio reglamentado a través de las leyes. Eso va a permitir imponer sanciones a la violación a la regla, como pueden ser las administrativas"

Normativa y sanciones

El entrevistado en la charla también afirmó que las fuerzas de seguridad locales (policía de la ciudad) están en situación de contener las movilizaciones: "de lo contrario no estarían en condiciones de controlar un superclásico con 60 mil personas. Tienen las capacidades. Pero está el fantasma de Kosteki y Santillán (manifestantes brutalmente asesinados por efectivos de la policía en el marco de una movilización en Avellaneda el 26 de junio de 2002)"

Con relación a este último punto, y para evitar esos potenciales peligros, Gorgal remarcó la importancia de una nueva legislación que imponga sanciones administratias: "las sanciones que puede imponer el estado no deben ser exclusivamente las del uso de la fuerza", concluyó.

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